DEFENSA DE 150 militares pidió a la Procuraduría que se conceda el beneficio de la duda a los procesos en los que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es contraparte. Piden reabrirlos y cambiar jueces y fiscales.
La defensa de 800 militares involucrados en procesos cometidos durante el servicio pidió a la Procuraduría General de la Nación que se otorgue el beneficio de la duda a 150 procesos (en curso y con fallos condenatorios) en los que la contraparte es el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por considerar que "están viciados".
El anuncio lo hizo el abogado Gustavo Adolfo Muñoz, director de la Fundación La Nueva Esperanza de los Secuestrados, que representa a miembros de las Fuerzas Militares, tras conocer las denuncias hechas por el Gobierno y la Fiscalía en donde la mitad de las víctimas de la masacre de Mapiripán (ocurrida en 1997), por la que se cobraron millonarias indemnizaciones en contra del Estado, estarían vivas.
El abogado Muñoz habló con este diario sobre esta petición a la Procuraduría y otros temas que tienen que ver con la defensa de militares procesados por actos del servicio.
¿Por qué se quieren replantear esos procesos donde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es contraparte?
"Los procesos están viciados porque se le probó ya dolo en el caso de Mapiripán al Colectivo de Abogados. Asumo que como ese caso tiene dolo presupongo que en los otros también. La petición ya la hice ante el señor Procurador General de la Nación. Los procesos deben ser reabiertos con fiscales y jueces diferentes".
Desde la defensa de los militares procesados en casos cometidos en actos del servicio se habla de que la legislación no es acorde a los tiempos que se vive, ¿qué piensa usted?
"A los militares se los juzga con unas leyes para épocas de paz y un país sin conflicto interno armado. No se puede juzgar a actores que defienden la sociedad colombiana, como son las Fuerzas Militares, con leyes obsoletas que no van a la misma velocidad del conflicto interno armado, reconocido por el presidente Juan Manuel Santos. El Primer Mandatario, antes de reconocer un conflicto interno armado debió, primero, modificar la justicia para producir leyes que estuvieran acordes a este conflicto".
Otras voces dicen que en los casos de muertes en combate habría supuestos testigos que aportan pruebas falsas para lograr indemnizaciones, ¿qué tan cierto es?
"Es necesario que la sociedad entienda lo que hay alrededor de esto. Cuando hay un muerto en combate, la contraguerrilla tiene que parar el combate y no puede seguir persiguiendo a los facinerosos. Ese es el primer error.
Después, el segundo error, es que tiene que salir toda la contraguerrilla del área mientras se hace la investigación. En estos casos ya se han detectado tres oficinas de las Farc, en Arauca, donde entrenan testigos para casos de militares. Cada muerto, por la parte civil en Colombia, vale entre 2.000 y 3.000 millones de pesos y en la Corte Penal Internacional vale 400 mil dólares (unos 760 millones de pesos). Además, dejan al Ejército colombiano como una institución violadora de los derechos humanos y un Ejército de asesinos".
Y, según sus denuncias, ¿cómo repercute esto en las Fuerzas Militares?
"Todo lo anterior configura lo que está sucediendo con las Fuerzas Militares. Ya los militares no quieren pelear ni combatir por miedo, no al enemigo, sino a la justicia colombiana.
Cuando hay un muerto en combate queda para la Fiscalía como un homicidio. Ahí mismo, como le decía sacan a la contraguerrilla que ya conoce el terreno y una posición geográfica. Al sacarla meten unos militares nuevos que no conocen el terreno. Ahí ganan las Farc y el Eln porque a toda esa contraguerrilla la deja quieta un fiscal mientras emiten boletas de captura y se van los militares a la cárcel. Ese es el negocio. Ubican la familia de ese guerrillero muerto, se van a donde vive y les dan a los familiares y vecinos uno o dos millones de pesos".
Entonces, ¿cuál es la situación actual de las Fuerzas Militares si es que le temen a los procesos judiciales?
"El problema va más allá. Empieza y radica en estamentos superiores al Ejército Nacional como son el Gobierno, el poder Judicial y la comunidad internacional, encabezada por algunas ONG que hace algún tiempo tienen asustados y arrodillados a los militares colombianos. Acá han salido comandantes de Brigada a pedirles excusas a los familiares de algún muerto por la acción de algún miembro de su unidad militar sin decisiones judiciales en firme. El mal está empezando desde adentro de las Fuerzas Militares que se están dejando asustar por ONG internacionales que le hacen mucho daño a Colombia. El país, por darle gusto a la comunidad internacional y poder conseguir recursos y firmar tratados como el TLC se tuvo que arrodillar ante la comunidad internacional y suscribirse como miembro de la Corte Penal Internacional".
Según lo que usted afirma, que Colombia integre la Corte Penal Internacional, ¿entonces dificultó la labor de las Fuerzas Militares en su lucha contra las guerrillas?
"Uno de los daños que permitió el Gobierno colombiano fue hacer parte de la Corte Penal Internacional. Ahora resulta que el juez español Baltasar Garzón es asesor en políticas de paz en Colombia. Como si este juez tuviera idea de lo que está pasando en el país. Hay gente extranjera con oscuros intereses en el país. Por eso ahora los militares viven muertos del susto por temor a perder sus carreras y por ir a la cárcel".
El diario EL COLOMBIANO se comunicó ayer con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en Bogotá y desde esa oficina se respondió que "en el momento no había quien atendiera esta petición".
El anuncio lo hizo el abogado Gustavo Adolfo Muñoz, director de la Fundación La Nueva Esperanza de los Secuestrados, que representa a miembros de las Fuerzas Militares, tras conocer las denuncias hechas por el Gobierno y la Fiscalía en donde la mitad de las víctimas de la masacre de Mapiripán (ocurrida en 1997), por la que se cobraron millonarias indemnizaciones en contra del Estado, estarían vivas.
El abogado Muñoz habló con este diario sobre esta petición a la Procuraduría y otros temas que tienen que ver con la defensa de militares procesados por actos del servicio.
¿Por qué se quieren replantear esos procesos donde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es contraparte?
"Los procesos están viciados porque se le probó ya dolo en el caso de Mapiripán al Colectivo de Abogados. Asumo que como ese caso tiene dolo presupongo que en los otros también. La petición ya la hice ante el señor Procurador General de la Nación. Los procesos deben ser reabiertos con fiscales y jueces diferentes".
Desde la defensa de los militares procesados en casos cometidos en actos del servicio se habla de que la legislación no es acorde a los tiempos que se vive, ¿qué piensa usted?
"A los militares se los juzga con unas leyes para épocas de paz y un país sin conflicto interno armado. No se puede juzgar a actores que defienden la sociedad colombiana, como son las Fuerzas Militares, con leyes obsoletas que no van a la misma velocidad del conflicto interno armado, reconocido por el presidente Juan Manuel Santos. El Primer Mandatario, antes de reconocer un conflicto interno armado debió, primero, modificar la justicia para producir leyes que estuvieran acordes a este conflicto".
Otras voces dicen que en los casos de muertes en combate habría supuestos testigos que aportan pruebas falsas para lograr indemnizaciones, ¿qué tan cierto es?
"Es necesario que la sociedad entienda lo que hay alrededor de esto. Cuando hay un muerto en combate, la contraguerrilla tiene que parar el combate y no puede seguir persiguiendo a los facinerosos. Ese es el primer error.
Después, el segundo error, es que tiene que salir toda la contraguerrilla del área mientras se hace la investigación. En estos casos ya se han detectado tres oficinas de las Farc, en Arauca, donde entrenan testigos para casos de militares. Cada muerto, por la parte civil en Colombia, vale entre 2.000 y 3.000 millones de pesos y en la Corte Penal Internacional vale 400 mil dólares (unos 760 millones de pesos). Además, dejan al Ejército colombiano como una institución violadora de los derechos humanos y un Ejército de asesinos".
Y, según sus denuncias, ¿cómo repercute esto en las Fuerzas Militares?
"Todo lo anterior configura lo que está sucediendo con las Fuerzas Militares. Ya los militares no quieren pelear ni combatir por miedo, no al enemigo, sino a la justicia colombiana.
Cuando hay un muerto en combate queda para la Fiscalía como un homicidio. Ahí mismo, como le decía sacan a la contraguerrilla que ya conoce el terreno y una posición geográfica. Al sacarla meten unos militares nuevos que no conocen el terreno. Ahí ganan las Farc y el Eln porque a toda esa contraguerrilla la deja quieta un fiscal mientras emiten boletas de captura y se van los militares a la cárcel. Ese es el negocio. Ubican la familia de ese guerrillero muerto, se van a donde vive y les dan a los familiares y vecinos uno o dos millones de pesos".
Entonces, ¿cuál es la situación actual de las Fuerzas Militares si es que le temen a los procesos judiciales?
"El problema va más allá. Empieza y radica en estamentos superiores al Ejército Nacional como son el Gobierno, el poder Judicial y la comunidad internacional, encabezada por algunas ONG que hace algún tiempo tienen asustados y arrodillados a los militares colombianos. Acá han salido comandantes de Brigada a pedirles excusas a los familiares de algún muerto por la acción de algún miembro de su unidad militar sin decisiones judiciales en firme. El mal está empezando desde adentro de las Fuerzas Militares que se están dejando asustar por ONG internacionales que le hacen mucho daño a Colombia. El país, por darle gusto a la comunidad internacional y poder conseguir recursos y firmar tratados como el TLC se tuvo que arrodillar ante la comunidad internacional y suscribirse como miembro de la Corte Penal Internacional".
Según lo que usted afirma, que Colombia integre la Corte Penal Internacional, ¿entonces dificultó la labor de las Fuerzas Militares en su lucha contra las guerrillas?
"Uno de los daños que permitió el Gobierno colombiano fue hacer parte de la Corte Penal Internacional. Ahora resulta que el juez español Baltasar Garzón es asesor en políticas de paz en Colombia. Como si este juez tuviera idea de lo que está pasando en el país. Hay gente extranjera con oscuros intereses en el país. Por eso ahora los militares viven muertos del susto por temor a perder sus carreras y por ir a la cárcel".
El diario EL COLOMBIANO se comunicó ayer con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en Bogotá y desde esa oficina se respondió que "en el momento no había quien atendiera esta petición".
Por: Rafael González Toro
Medellín, Antioquia, Periodico El Colombiano
Publicado el 12 de Noviembre de 2011
Link Oficial: Aquí
