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martes, 2 de agosto de 2011

Las dudas que deja en el aire la Fundación La Nueva Esperanza


El representante legal de la Fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados GUSTAVO MUÑOZ ROA es muy cercano a las Fuerzas Militares y a los oficiales retirados.

Sigifredo Lopez estuvo siete años secuestrado por las Farc y ahora es candidato a la Alcaldía de Cali. Está siendo investigado por Farcpolítica.


El senador Luis Fernando Velasco tiene hace  más de tres años una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por declaraciones de guerrilleros reinsertados.





La destitución de la senadora Piedad Córdoba tuvo entre uno de sus ingredientes la acusación de la Fundación La Nueva Esperanza.


La congresista Gema López fue acusada de costreñimiento electoral por unos guerrilleros reinsertados.

Sigifredo López es uno de los candidatos más opcionados para llegar a la Alcaldía de Cali. Pero carga el lastre de estar investigado por la Fiscalía por sus presuntos nexos con las Farc a pesar de haber estado secuestrado por esta guerrilla durante casi siete años. La acusación se basa en el testimonio de un reinsertado que hace unos días se retractó. Hoy dice que mintió en el caso de Sigifredo por recomendación de Gustavo Muñoz Roa, representante legal de la Fundación La Nueva Esperanza, la misma que estuvo detrás de las denuncias contra la ex senadora Piedad Córdoba y los senadores liberales Gema López y Luis Fernando Velasco.


La HistoriaHace cuatro años, en junio de 2007, un hombre que dijo ser reinsertado de las Farc fue el invitado al programa La Noche, de RCN. En esa entrevista se hizo llamar “Rafael” y allí aseguró que hasta hacía cinco días había hecho parte del anillo de seguridad de las Farc encargado de custodiar a los diputados del Valle que fueron secuestrados en abril de 2002.

En la entrevista culpó a Sigifredo López -el único sobreviviente de la masacre de once diputados- de ser cómplice del asesinato de sus compañeros y dijo que él mismo había escuchado cuando uno de los altos mandos de la guerrilla le dio la orden a “El Grillo” de asesinarlos a todos menos a Sigifredo.

Este fin de semana, el blog Espartaco que publica el diario El País de Cali, y que es uno de los más leídos y con mayor credibilidad en el Valle, contó otra versión de estos hechos, aún más espeluznante.

El bloguero cuenta la historia de Reinaldo Valencia, un guerrillero de las Farc conocido con los alias de “Estiven”, “El Cabezón” ó “Hernán” que ya fue aceptado en Justicia y Paz y cuyo emplazamiento público se hizo desde marzo de 2010 y que entre ayer y hoy está dando su versión. Lo que oirán los fiscales es que Valencia es el mismo “Rafael” pero que lo dicho hace cuatro años a Claudia Gurisatti “son puras mentiras”.

Valencia le contó en una entrevista al bloguero Espartaco -un periodista que bajo seudónimo ha publicado denuncias serias y fundamentadas y es referente de los demás medios de la ciudad- que dio esa declaración porque Gustavo Muñoz Roa, el director de la Fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados, se lo pidió a cambio de buscar asilo político para él y su familia. Y dijo que hoy cuenta la verdad porque nunca le cumplieron.

Contó que un grupo de escoltas de Muñoz Roa lo llevó a Bogotá (él vivía en Cali) y lo instruyeron para decir que llevaba cinco días desmovilizado cuando en realidad ya había pasado más de un año cuando el mismo Gustavo Muñoz lo había recibido en el proceso de reinserción. El registro del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, de la Oficina de Reinserción del Gobierno, certifica que Reinaldo Valencia es desmovilizado desde el 6 de mayo del 2007, según lo dice el bloguero en su publicación, y la aceptación del Comité Operativo para la Dejación de las Armas, Coda, mediante el certificado 1571, está vigente desde junio del 2007, lo que significa que un mes y medio después de eso fueron asesinados los diputados.

La narración de Valencia es detallada. Cuenta a qué cafetería lo llevaron, cuándo lo hicieron y dice que Muñoz Roa duró cuatro horas repitiéndole la versión que tenía que darle a la periodista Claudia Gurisatti para que no se equivocara porque como no sabe leer, no era posible que se la escribiera.

Hoy asegura que nunca estuvo cerca de los diputados, que no hacía parte del grupo de “El Grillo”, que nunca escuchó ninguna orden y que hasta su alias era otro. Y dice que aceptó hablar ahora porque ya es parte de Justicia y Paz y decir la verdad es la única forma de mantenerse en el programa de desmovilizados bajo la nueva ley recientemente aprobada.

La Fundación

La Fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados es una institución sin ánimo de lucro que en 2003 fundó Gustavo Muñoz Roa para ayudar a la sociedad colombiana en temas de secuestro y extorsión, según dice en su página de internet.

En el registro de Cámara de Comercio de la Fundación aparece Gustavo Muñoz como representante legal y como una de las fundadoras Doris Ángel Villegas, una líder social que también hacía parte del Comité Promotor del Referendo para la Reelección de Álvaro Uribe y que era parte de Colombia Primero, la asociación paralela que se creó para triangular las donaciones que sobrepasaban los límites de Ley para ese referendo.

Algunas personas que conocen de cerca el trabajo de la Fundación, dicen que su trabajo es hacer contacto con miembros de las organizaciones ilegales para lograr que entreguen personas secuestradas o información sobre extorsiones a cambio de beneficios del programa de reinserción y otras ofertas.

La organización supuestamente es usada por miembros de las Farc como “entidad negociadora y garante” para desmovilizarse individualmente. La Fundación les exige a los guerrilleros que se comprometan a dos puntos de la Ley de Justicia y Paz: la reparación y la verdad.

Lo que hacen los guerrilleros, según explican en la Fundación, es servir de puente entre los guerrilleros que quieran desmovilizarse y la Oficina de Reinserción.

Y aunque está ajeno a su función, la Fundación también se ha dedicado a denunciar a quienes considera que actúan a favor o en las filas de la guerrilla. Ya sea por iniciativa propia o por declaraciones obtenidas de los reinsertados con quienes se contacta, desde la Fundación ha salido un buen número de acciones judiciales que hoy hacen trámite en los organismos de investigación.

La denuncia que más destacó Muñoz en su conversación con La Silla Vacía es la que hizo él mismo contra la ex senadora Piedad Córdoba ante la Procuraduría General.

Para Muñoz, fue su denuncia por traición a la patria la que llevó a la destitución de la senadora. “Tuve que hacer esa denuncia cuando me di cuenta que la Corte Suprema de Justicia no hacía nada en ese caso.

Me senté y hablé con el Procurador, Alejandro Ordóñez, y él se dio cuenta que tenía razón. Después se dio la destitución”, aseguró. Aunque lo cierto es que en su fallo de destitución, Ordoñez desestimó el cargo de traición y la sancionó fue por Farcpolítica basado en las polémicas evidencias del computador de Raúl Reyes.

Muñoz también está detrás de las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra los congresistas Gema López y Luis Fernando Velasco. Precisamente estos dos congresistas fueron dos de los más recios opositores en el Congreso al referendo reeleccionista.

Gema López grabó todas las discusiones del referendo en el recinto donde se realizaba la discusión y Velasco dio una fuerte resistencia jurídica al paso del referendo.

Los denunció ante la Corte Suprema de Justicia por supuesto costreñimiento electoral basado en testimonios entregados por desmovilizados de las Farc en el Cauca que se acogieron al plan de desmovilización por intermedio de la Fundación La Nueva Esperanza.

El argumento de Muñoz en esas denuncias era que los dos senadores ponían en peligro la integridad nacional y las políticas de seguridad democráticas trazadas por el gobierno de Álvaro Uribe.

En el caso de los senadores López y Velasco, Gustavo Muñoz Roa asegura que les exigió a los guerrilleros que le entregaran su armamento y “le contaran las verdades”. Uno de ellos, conocido como “El Paisa” o “El Flaco”, supuestamente le entregó la ubicación de once cuerpos de guerrilleros, a tres secuestrados y sindicó al entonces alcalde de Argelia, Valle, de pertenecer a las Farc.

En la declaración que sustentaba la versión, el guerrillero decía que supuestamente los dos senadores tenían además de “militancia política e inscripción como miembros activos del partido Liberal”, cercanía con los frentes 8 y 60 de las Farc. Y daba una serie de supuestas pruebas de sus afirmaciones.

El caso del senador liberal Luis Fernando Velasco fue más allá. Al nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado lo acusó un guerrillero de ser el comandante del Frente Octavo de las Farc y de que la guerrilla había garantizado su elección al Senado en 2002. En ese año Velasco fue elegido, pero como Representante a la Cámara.

En el expediente también aparecen unas fotos de una manifestación política en El Patía, Cauca, donde el senador aparece con más de veinte escoltas del Ejército. En las fotos a Velasco lo muestran cerca de un personaje a quien acusan de guerrillero en la denuncia y que fue capturado posteriormente, pero que fue declarado inocente y ya está libre.


Estas investigaciones aún se encuentran en etapa previa en la Corte Suprema de Justicia.

Una persecución

Muñoz asegura que todo lo dicho por Reinaldo Valencia en su retractación es mentira. Que él lo recibió como reinsertado cinco días antes de la entrevista a La Noche y que esa versión sólo la conocía el mismo ex guerrillero. Y asegura que el cambio de versión no es más que un montaje en su contra.

Sobre Sigifredo López, Muñoz Roa asegura que “para nadie es un secreto que él es guerrillero y esa versión de hace años la confirmaba”. Y dice que él mismo desmovilizó a Reinaldo Valencia, el guerrillero que lo secuestró años atrás. Y ese día le entregó a un hombre que tenía secuestrado.

Lo que sí admitió Muñoz es que estuvo con el reinsertado en el programa La Noche, pero dice que fue por petición del mismo Valencia, quien se ofreció a contar lo que sabía.

Muñoz dice que no supo nada más sobre Valencia hasta que escuchó las declaraciones del fin de semana pasado.

“No sabía que había vuelto a delinquir”. Sin embargo, Valencia volvió a la cárcel fue para poder hacerse parte del proceso de Justicia y Paz y así recibir los beneficios que otorga la Ley.

Pero sobre el documento del MinDefensa que indica una fecha diferente a la de la desmovilización, el director de la Fundación asegura que se trata de un documento que inventaron algunos ex funcionarios del Ministerio de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe para “crear un complot en su contra”. Y, según él, todo es porque él interpuso una denuncia ante la Procuraduría por la supuesta desaparición de las recompensas que debían haberse entregado a 150 desmovilizados, que luego aparecieron muertos.

Según esa denuncia, la plata, que es un poco más de 350 millones de pesos, nunca fue entregada a las familias de los reinsertados muertos, pero sí aparece pagada en los registros del Ministerio de Defensa.

Y culpa de la supuesta “conspiración” a Piedad Córdoba y Sigifredo López (que no podrían tener acceso a los documentos reservados del Ministerio de Defensa). Además del actual Viceministro de Defensa Rafael Guarín, y los ex funcionarios del MinDefensa en la época de Juan Manuel Santos: Sergio Jaramillo, Juan Carlos Pinzón y Juan Carlos Mira. Los tres hoy ocupan cargos en el Palacio de Nariño.

La noticia sobre la investigación contra Sigifredo López llegó cuando el candidato estaba compitiendo para recibir el aval del Partido Liberal para ser el candidato a la Alcaldía de Cali. Desde ese momento, él dijo que esa nueva investigación sobre un tema viejo era producto de persecución política.

Su efecto no se notó mucho inicialmente porque, con una encuesta fue nombrado candidato oficial, pero se trataba de una votación exclusiva para su partido.

El efecto entre el resto de la gente no ha sido medido pero hasta en su misma campaña saben que ese será el tema a explicar porque de lo contrario podría hacerle mucho daño en las urnas. Esta retractación le llega en un excelente momento.

domingo, 3 de octubre de 2010

'Procurador es un peligro para la democracia': Piedad Córdoba



En entrevista con Yamid Amat, la senadora dijo que está segura de que Alejandro Ordóñez ratificará su decisión de quitarle la curul.
Rechaza los cargos que le formuló el alto funcionario, al que describe como "hombre de amores y odios". Asegura que no es defensora de las Farc y critica el secuestro de civiles, aunque considera el de policías y militares como "retenciones de guerra".


¿Qué hará frente a las decisiones del Procurador contra usted?


Interpondré reposición ante el mismo Procurador, pero creo que tendré poco éxito, por las diferentes declaraciones que él ha dado. Por eso, también lo recusaré, porque con él no tengo garantías: siempre ha actuado contra mí de manera temeraria. Además, no tiene facultades para despojarme de mi curul. Esa es función exclusiva del Consejo de Estado.


¿Si no acepta las razones legales del Procurador, a qué adjudica su destitución?


Es una persecución política. Por eso, también he tomado la decisión de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una denuncia por persecución política y por la consagración del delito de opinión.


¿En qué basará sus denuncias?


Es que no se trata sólo de las decisiones tomadas contra mí; es toda la concepción del Procurador sobre la sociedad colombiana. Él niega el derecho a una opción sexual diferente a la suya; considera la homosexualidad una enfermedad; no acepta que una mujer corra el riesgo de morir en un embarazo, porque cree que el aborto es delito de lesa humanidad; la obligación que ha impuesto a la gente de la Procuraduría de ir a misa cada día no sólo es una posición retardataria y opresiva, sino que viola la Constitución, que establece libertad de cultos en el país. Este hombre es una persona peligrosa para la democracia. Pero, como la ley establece que la reposición debe ser ante él mismo, estoy perdida mientras fallan instancias como el Consejo de Estado, ante el cual voy a recurrir.


El Procurador dice que el Código Disciplinario y el artículo 278 de la Constitución lo facultan para tomar la decisión que tomó contra usted...


Él no tiene ninguna prueba de que cometí faltas disciplinarias. Todas son suposiciones. Él no acepta pensamientos diferentes al suyo. Quienes estamos en desacuerdo con las injusticias del establecimiento, somos, según él, guerrilleros o terroristas.


Él dice que usted tiene vínculos con las Farc. ¿Los tiene?


No como él los supone. Desconoce que el presidente Uribe me facultó para buscar acuerdos para la liberación y el intercambio.


¿Cuáles son, hoy, su relaciones con las Farc?


Las que he tenido siempre: buscar liberaciones y diálogos que puedan conducir a la paz. Yo no pertenezco a las Farc. Siempre he estado en el Partido Liberal.


¿Usted qué piensa de las Farc?


Son una guerrilla armada, un movimiento político. Ante la degradación del conflicto, ha llegado a situaciones de inhumanidad. Por eso, mi lucha es por la humanización de la guerra. Es importante que no sólo el gobierno y los militares cumplan con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino que también es obligación de la guerrilla reconocerlo y aplicarlo. Lo que queremos lograr, y hemos estado a punto de obtener, es que la guerrilla acabe con la retención o el secuestro de personas y que, si sigue reteniendo, sean sólo militares o policías que caen con ocasión del combate.


¿Las Farc son delincuentes o no?


Yo no lo digo así...


¿El secuestro no es un delito?


Si. Y si las Farc insisten en desconocer el DIH, se colocan no sólo por fuera de esa normatividad sino a las puertas de la Corte Penal Internacional (CPI). Las Farc tienen que eliminar el secuestro, desmontar minas antipersonas y respetar a la población civil.


Si reconoce que el secuestro es un delito, ¿no es delincuente el que secuestra?


Es que hay retenciones en razón del combate. En el caso de los militares, no hay secuestro sino retención.


El general Mendieta, por citar un sólo caso, ¿no fue secuestrado?

El general Mendieta cayó en combate y era un prisionero de guerra.


¿Y el caso de los secuestros de Íngrid Betancourt, Clara Rojas y los demás?


Si se dieran ahora, serían delito de lesa humanidad y las Farc serían sujeto de juicio ante la CPI. Así mismo, el Estado no puede cometer desplazamiento forzado ni ejecuciones extrajudiciales, porque puede ser denunciado ante la CPI.


¿Por qué varios sectores creen que usted es una defensora de las Farc?


Yo no defiendo a las Farc. Lo que digo es que, para el país y para la democracia, lo importante es el reconocimiento de que existe un conflicto social interno armado. Muchos sectores de la sociedad civil no compartimos el estado actual de las cosas ni hechos que, inclusive, llevaron a la Corte Constitucional a obligar al Estado colombiano a la restitución de tierras. Yo no soy defensora de las Farc: lo soy de los desplazados, las víctimas de la guerra, las mujeres, los indígenas y los negros. Estamos apoyando al presidente Santos, no porque nos hayamos vuelto santistas, sino por su defensa de la obligación que tiene el Estado de reponer los males de la guerra. El Congreso va a hacer en estos días, y creo que esa va ser mi última intervención, el debate de las regalías. Voy a denunciar cómo en este país se han venido regalando nuestras riquezas naturales. Las exenciones tributarias a las multinacionales suman 27 billones de pesos... ¡Billones!


¿Y qué proyecta denunciar?


La manera cómo nos están robando oro, petróleo y carbón. ¿Cómo me explican que La Guajira, la región más rica del país, sea la más pobre? El debate actual de regalías es mentiroso. Es para decir que se las robó el gobernador de Casanare o el alcalde de la Jagua de Ibirico. Tal vez haya apropiaciones indebidas, pero no configuran un gran cuadro de corrupción. Son las multinacionales, por decisiones de funcionarios estatales, las que se han enriquecido. ¡Ese es el debate!


¿ Y por qué será su último debate?


Porque estoy totalmente segura de que el Procurador va a ratificar su decisión a través del funcionario que va a delegar para la recusación que presentaré.


Pero si lo llama "último", es porque no vuelve al Congreso,


No, el último mientras vuelvo. Como dijo Tumac Katari, el aymara que lideró un levantamiento contra las autoridades coloniales en el Alto Perú: "Mañana volveré... y seré millones".


¿Pero no piensa renunciar a su defensa?


Voy a luchar hasta demostrar los monstruosos errores del Procurador. El mismo que no vio nada de lo que vio la Corte Constitucional en la reelección; que no vio nada en lo que tiene que ver con Sabas Pretelt, como sí lo hizo la Corte Suprema. El hombre decide según sus amores y sus odios. No me pueden acusar por pensar distinto a él ni tratarme como delincuente por acercarme a las Farc para buscar la paz.


¿Qué va hacer mientras no sea senadora?


Primero, denunciar ante el mundo la criminalización de la búsqueda de la paz; segundo, estoy trabajando con los paramilitares en las cárceles: me he reunido con Mancuso, el 'Tuso', 'don Berna', 'el Alemán' y otros, y estamos haciendo un trabajo muy importante en la protección de sus familias, en la búsqueda, inclusive, de sitios en otros países para poder que ellos avancen en el tema de la verdad y en la entrega de tierras. Ya están indicando sitios para entrega de tierras. 'Don Berna' entrega 14 mil hectáreas en el Caguán y otras 14 mil en Córdoba. Además, creo que la Ley de Justicia y Paz debe darle cabida a militares que, en ejercicio de sus funciones, ejercieron paramilitarismo. Hace unos días tuve una reunión con 20 coroneles en Santa Marta, para hablar del tema. Lo aceptan. También tienen que aplicarse beneficios penales para paramilitares y empresarios.


¿ Se va entonces un buen tiempo al exterior?


Tengo muchos viajes, pero mi preocupación por la paz es lo más importante. A veces me hago esta reflexión: qué me gano con estar en el Congreso, apoyando unos proyectos que no sé ni para qué sirven. No quiero tener una buena pensión por decretar condecoraciones, sin habérmela jugado por la paz de Colombia.


'Los que me odian son un poco bobos'


¿Por qué usted origina tanta radicalización en el país? Un sector la odia...


Los que me odian son un poquito bobos porque no tengo ningún interés en quitarles lo que tienen.

¿Entonces qué busca?


Tener un país con modernidad intelectual, con otras opciones políticas que estructuren a Colombia como un país viable y no como una fosa común.


¿Es verdad que usted tiene bienes en el exterior?


Todo es parte de la campaña de desprestigio en mi contra.


¿De qué más la han acusado?


Me han acusado también de tener tarjetas de crédito del presidente Chávez o de que me estaban pagando gastos en Puerto Rico cuando visité a mi hijo. Me acusaron de haberme nacionalizado en Venezuela, de haber recibido 3. 500 millones de pesos de Monómeros y de haber comprado un apartamento de 900 mil euros en Europa.


¿Nada de eso es cierto?


Si un sólo cargo fuera cierto, faltarían cárceles de seguridad para mí.


Yamid Amat
Especial para EL TIEMPO

lunes, 27 de septiembre de 2010

Procuraduría compulsó copias a la Corte Suprema para que investiguen a la senadora Córdoba




El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Esneda Córdoba Ruíz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, Farc.

El Procurador anunció que dentro de la investigación se revisaron 52 llamadas interceptadas de manera legal al frente 30 de las Farc.
La investigación tuvo origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix donde fue abatido alias ‘Raúl Reyes'.

En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de 'Teodora', 'Teodora de Bolívar', 'la Negra' y 'la Negrita', la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario.

Dicho material fue corroborado con otros medios de prueba, unos trasladados desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía y otros, producto de la labor investigativa en la Procuraduría General, tales como las salidas de emigración de la Señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, alias 'Mincho'.

Igualmente, se contó con el apoyo de los informes presentados por la INTERPOL, y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la DIJIN sobre la autenticidad de los medios electrónicos.

Por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos.

Además dio información a este grupo al margen de la ley sobre asuntos diferentes con la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos.

De la misma manera se constató que la Senadora Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países.

Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo.

De otra parte, el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado absolvió a la dirigente política por el cargo de “traición a la patria”, por considerar que las diferentes alocuciones que dio en contra de las políticas del Gobierno no configuran falta disciplinaria al no menoscabar la integridad nacional.

TRIUNFO DEL BIEN SOBRE EL MAL...


LA FUNDACION LA NUEVA ESPERANZA PARA LOS SECUESTRADOS QUIERE COMPARTIR CON USTEDES LA FELICIDAD Q LE EMBARGA POR EL TRIUNFO DEL BIEN SOBRE EL MAL, REFLEJADO EN LA DESTITUCION DE LA SENADORA PIEDAD CORDOBA ALISAS “TEODORA BOLIVAR”.

ESTE PROCESO NACIDO DE LA IDEA DEL DR. GUSTAVO MUÑOZ ROA DIRECTOR Y CREADOR DE LA FUNDACION, LLEVA HACE MAS DE UN AÑO INTENTANDO HACER JUSTICIA; HACE MAS DE UN AÑO EL DR. MUÑOZ INSTAURO ANTE VARIOS ENTES DE CONTROL ESTATAL, LA DENUNCIA PENAL QUE HOY FINALMENTE LLEGA A FELIZ TERMINO SOBRE LA SENADORA PIEDAD CORDOBA.

GRACIAS POR CONFIAR EN ESTA SU FUNDACION.

VEASE DOCUMENTO BASE DE DENUNCIA PENAL A PIEDAD CORDOBA EN FACEBOOK Y EN LA PAGINA OFICIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. AMPLIAR