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El representante legal de la Fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados GUSTAVO MUÑOZ ROA es muy cercano a las Fuerzas Militares y a los oficiales retirados. |
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Sigifredo Lopez estuvo siete años secuestrado por las Farc y ahora es candidato a la Alcaldía de Cali. Está siendo investigado por Farcpolítica. |
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El senador Luis Fernando Velasco tiene hace más de tres años una investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por declaraciones de guerrilleros reinsertados.
La destitución de la senadora Piedad Córdoba tuvo entre uno de sus ingredientes la acusación de la Fundación La Nueva Esperanza. |
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La congresista Gema López fue acusada de costreñimiento electoral por unos guerrilleros reinsertados. |
Sigifredo López es uno de los candidatos más opcionados para llegar a la Alcaldía de Cali. Pero carga el lastre de estar investigado por la Fiscalía por sus presuntos nexos con las Farc a pesar de haber estado secuestrado por esta guerrilla durante casi siete años. La acusación se basa en el testimonio de un reinsertado que hace unos días se retractó. Hoy dice que mintió en el caso de Sigifredo por recomendación de Gustavo Muñoz Roa, representante legal de la Fundación La Nueva Esperanza, la misma que estuvo detrás de las denuncias contra la ex senadora Piedad Córdoba y los senadores liberales Gema López y Luis Fernando Velasco.
La HistoriaHace cuatro años, en junio de 2007, un hombre que dijo ser reinsertado de las Farc fue el invitado al programa La Noche, de RCN. En esa entrevista se hizo llamar “Rafael” y allí aseguró que hasta hacía cinco días había hecho parte del anillo de seguridad de las Farc encargado de custodiar a los diputados del Valle que fueron secuestrados en abril de 2002.
En la entrevista culpó a Sigifredo López -el único sobreviviente de la masacre de once diputados- de ser cómplice del asesinato de sus compañeros y dijo que él mismo había escuchado cuando uno de los altos mandos de la guerrilla le dio la orden a “El Grillo” de asesinarlos a todos menos a Sigifredo.
Este fin de semana, el blog Espartaco que publica el diario El País de Cali, y que es uno de los más leídos y con mayor credibilidad en el Valle, contó otra versión de estos hechos, aún más espeluznante.
El bloguero cuenta la historia de Reinaldo Valencia, un guerrillero de las Farc conocido con los alias de “Estiven”, “El Cabezón” ó “Hernán” que ya fue aceptado en Justicia y Paz y cuyo emplazamiento público se hizo desde marzo de 2010 y que entre ayer y hoy está dando su versión. Lo que oirán los fiscales es que Valencia es el mismo “Rafael” pero que lo dicho hace cuatro años a Claudia Gurisatti “son puras mentiras”.
Valencia le contó en una entrevista al bloguero Espartaco -un periodista que bajo seudónimo ha publicado denuncias serias y fundamentadas y es referente de los demás medios de la ciudad- que dio esa declaración porque Gustavo Muñoz Roa, el director de la Fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados, se lo pidió a cambio de buscar asilo político para él y su familia. Y dijo que hoy cuenta la verdad porque nunca le cumplieron.
Contó que un grupo de escoltas de Muñoz Roa lo llevó a Bogotá (él vivía en Cali) y lo instruyeron para decir que llevaba cinco días desmovilizado cuando en realidad ya había pasado más de un año cuando el mismo Gustavo Muñoz lo había recibido en el proceso de reinserción. El registro del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, de la Oficina de Reinserción del Gobierno, certifica que Reinaldo Valencia es desmovilizado desde el 6 de mayo del 2007, según lo dice el bloguero en su publicación, y la aceptación del Comité Operativo para la Dejación de las Armas, Coda, mediante el certificado 1571, está vigente desde junio del 2007, lo que significa que un mes y medio después de eso fueron asesinados los diputados.
La narración de Valencia es detallada. Cuenta a qué cafetería lo llevaron, cuándo lo hicieron y dice que Muñoz Roa duró cuatro horas repitiéndole la versión que tenía que darle a la periodista Claudia Gurisatti para que no se equivocara porque como no sabe leer, no era posible que se la escribiera.
Hoy asegura que nunca estuvo cerca de los diputados, que no hacía parte del grupo de “El Grillo”, que nunca escuchó ninguna orden y que hasta su alias era otro. Y dice que aceptó hablar ahora porque ya es parte de Justicia y Paz y decir la verdad es la única forma de mantenerse en el programa de desmovilizados bajo la nueva ley recientemente aprobada.
La Fundación
La Fundación La Nueva Esperanza de Secuestrados es una institución sin ánimo de lucro que en 2003 fundó Gustavo Muñoz Roa para ayudar a la sociedad colombiana en temas de secuestro y extorsión, según dice en su página de internet.
En el registro de Cámara de Comercio de la Fundación aparece Gustavo Muñoz como representante legal y como una de las fundadoras Doris Ángel Villegas, una líder social que también hacía parte del Comité Promotor del Referendo para la Reelección de Álvaro Uribe y que era parte de Colombia Primero, la asociación paralela que se creó para triangular las donaciones que sobrepasaban los límites de Ley para ese referendo.
Algunas personas que conocen de cerca el trabajo de la Fundación, dicen que su trabajo es hacer contacto con miembros de las organizaciones ilegales para lograr que entreguen personas secuestradas o información sobre extorsiones a cambio de beneficios del programa de reinserción y otras ofertas.
La organización supuestamente es usada por miembros de las Farc como “entidad negociadora y garante” para desmovilizarse individualmente. La Fundación les exige a los guerrilleros que se comprometan a dos puntos de la Ley de Justicia y Paz: la reparación y la verdad.
Lo que hacen los guerrilleros, según explican en la Fundación, es servir de puente entre los guerrilleros que quieran desmovilizarse y la Oficina de Reinserción.
Y aunque está ajeno a su función, la Fundación también se ha dedicado a denunciar a quienes considera que actúan a favor o en las filas de la guerrilla. Ya sea por iniciativa propia o por declaraciones obtenidas de los reinsertados con quienes se contacta, desde la Fundación ha salido un buen número de acciones judiciales que hoy hacen trámite en los organismos de investigación.
La denuncia que más destacó Muñoz en su conversación con La Silla Vacía es la que hizo él mismo contra la ex senadora Piedad Córdoba ante la Procuraduría General.
Para Muñoz, fue su denuncia por traición a la patria la que llevó a la destitución de la senadora. “Tuve que hacer esa denuncia cuando me di cuenta que la Corte Suprema de Justicia no hacía nada en ese caso.
Me senté y hablé con el Procurador, Alejandro Ordóñez, y él se dio cuenta que tenía razón. Después se dio la destitución”, aseguró. Aunque lo cierto es que en su fallo de destitución, Ordoñez desestimó el cargo de traición y la sancionó fue por Farcpolítica basado en las polémicas evidencias del computador de Raúl Reyes.
Muñoz también está detrás de las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra los congresistas Gema López y Luis Fernando Velasco. Precisamente estos dos congresistas fueron dos de los más recios opositores en el Congreso al referendo reeleccionista.
Gema López grabó todas las discusiones del referendo en el recinto donde se realizaba la discusión y Velasco dio una fuerte resistencia jurídica al paso del referendo.
Los denunció ante la Corte Suprema de Justicia por supuesto costreñimiento electoral basado en testimonios entregados por desmovilizados de las Farc en el Cauca que se acogieron al plan de desmovilización por intermedio de la Fundación La Nueva Esperanza.
El argumento de Muñoz en esas denuncias era que los dos senadores ponían en peligro la integridad nacional y las políticas de seguridad democráticas trazadas por el gobierno de Álvaro Uribe.
En el caso de los senadores López y Velasco, Gustavo Muñoz Roa asegura que les exigió a los guerrilleros que le entregaran su armamento y “le contaran las verdades”. Uno de ellos, conocido como “El Paisa” o “El Flaco”, supuestamente le entregó la ubicación de once cuerpos de guerrilleros, a tres secuestrados y sindicó al entonces alcalde de Argelia, Valle, de pertenecer a las Farc.
En la declaración que sustentaba la versión, el guerrillero decía que supuestamente los dos senadores tenían además de “militancia política e inscripción como miembros activos del partido Liberal”, cercanía con los frentes 8 y 60 de las Farc. Y daba una serie de supuestas pruebas de sus afirmaciones.
El caso del senador liberal Luis Fernando Velasco fue más allá. Al nuevo presidente de la Comisión Primera del Senado lo acusó un guerrillero de ser el comandante del Frente Octavo de las Farc y de que la guerrilla había garantizado su elección al Senado en 2002. En ese año Velasco fue elegido, pero como Representante a la Cámara.
En el expediente también aparecen unas fotos de una manifestación política en El Patía, Cauca, donde el senador aparece con más de veinte escoltas del Ejército. En las fotos a Velasco lo muestran cerca de un personaje a quien acusan de guerrillero en la denuncia y que fue capturado posteriormente, pero que fue declarado inocente y ya está libre.
Estas investigaciones aún se encuentran en etapa previa en la Corte Suprema de Justicia.
Una persecución
Muñoz asegura que todo lo dicho por Reinaldo Valencia en su retractación es mentira. Que él lo recibió como reinsertado cinco días antes de la entrevista a La Noche y que esa versión sólo la conocía el mismo ex guerrillero. Y asegura que el cambio de versión no es más que un montaje en su contra.
Sobre Sigifredo López, Muñoz Roa asegura que “para nadie es un secreto que él es guerrillero y esa versión de hace años la confirmaba”. Y dice que él mismo desmovilizó a Reinaldo Valencia, el guerrillero que lo secuestró años atrás. Y ese día le entregó a un hombre que tenía secuestrado.
Lo que sí admitió Muñoz es que estuvo con el reinsertado en el programa La Noche, pero dice que fue por petición del mismo Valencia, quien se ofreció a contar lo que sabía.
Muñoz dice que no supo nada más sobre Valencia hasta que escuchó las declaraciones del fin de semana pasado.
“No sabía que había vuelto a delinquir”. Sin embargo, Valencia volvió a la cárcel fue para poder hacerse parte del proceso de Justicia y Paz y así recibir los beneficios que otorga la Ley.
Pero sobre el documento del MinDefensa que indica una fecha diferente a la de la desmovilización, el director de la Fundación asegura que se trata de un documento que inventaron algunos ex funcionarios del Ministerio de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe para “crear un complot en su contra”. Y, según él, todo es porque él interpuso una denuncia ante la Procuraduría por la supuesta desaparición de las recompensas que debían haberse entregado a 150 desmovilizados, que luego aparecieron muertos.
Según esa denuncia, la plata, que es un poco más de 350 millones de pesos, nunca fue entregada a las familias de los reinsertados muertos, pero sí aparece pagada en los registros del Ministerio de Defensa.
Y culpa de la supuesta “conspiración” a Piedad Córdoba y Sigifredo López (que no podrían tener acceso a los documentos reservados del Ministerio de Defensa). Además del actual Viceministro de Defensa Rafael Guarín, y los ex funcionarios del MinDefensa en la época de Juan Manuel Santos: Sergio Jaramillo, Juan Carlos Pinzón y Juan Carlos Mira. Los tres hoy ocupan cargos en el Palacio de Nariño.
La noticia sobre la investigación contra Sigifredo López llegó cuando el candidato estaba compitiendo para recibir el aval del Partido Liberal para ser el candidato a la Alcaldía de Cali. Desde ese momento, él dijo que esa nueva investigación sobre un tema viejo era producto de persecución política.
Su efecto no se notó mucho inicialmente porque, con una encuesta fue nombrado candidato oficial, pero se trataba de una votación exclusiva para su partido.
El efecto entre el resto de la gente no ha sido medido pero hasta en su misma campaña saben que ese será el tema a explicar porque de lo contrario podría hacerle mucho daño en las urnas. Esta retractación le llega en un excelente momento.
